La organización Pew Environment Group pide al ICCAT mantener la protección del atún rojo y no elevar cuotas de captura

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La organización Pew Environment Group solicitará a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) que se mantenga el nivel de protección para el atún rojo del Atlántico y no se eleven las cuotas de captura, durante la reunión anual de ICCAT que se celebrará en Marruecos a partir del próximo 12 de noviembre.

En esta reunión, 48 gobiernos miembros debatirán sobre la conservación y gestión de los atunes rojos del Atlántico y de varias especies de tiburones amenazadas. Además, tratarán otras cuestiones tales como la pesca ilegal y el fraude.

Por su parte, el Pew Environment Group ha indicado que planteará durante esta convención que no se incrementen las cuotas para el atún rojo del Atlántico hasta que se incorpore a la evaluación de la población la “mejor información científica disponible”, que se “traduzca el grado de incertidumbre” y se “aborde de forma eficaz el problema de la pesca ilegal”.

Asimismo, la organización considera que los gobiernos miembros de ICCAT deberían seguir adelante con su “compromiso de implantar plenamente el programa electrónico de documentación de capturas de atún rojo”, así como “impulsar una mejoría en la ciencia y en el cumplimiento de los reglamentos”.

Por otro lado, ha señalado que ICCAT debería “desarrollar e implementar” medidas de y conservación y ordenación precautorias para proteger a los tiburones y exigir las “mejores prácticas” para reducir la captura accidental de esta especie y acabar con el aleteo.

Respecto a la pesca ilegal, el Pew Environment Group ha explicado que los miembros de ICCAT deberían reforzar las medidas en contra del uso de redes de deriva ilegales en el Mar Mediterráneo y vigilar que los buques de más de 20 metros cuenten con un único número de identificación en la Organización Marítima Internacional (OMI) para “poner fin a la pesca ilegal”.

Además, pide a la Comisión Internacional que adopte un programa “sólido” de medidas del Estado rector del puerto –una herramienta para ayudar a los puertos a rechazar el pescado capturado ilegalmente–.

Fuente: Ecoticias

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